Cuando Eduardo Zaplana asumió la presidencia del gobierno valenciano, no dudo en dar cobertura y satisfacción a aquellos que defendían que el valenciano y el catalán eran dos lenguas diferentes.

Zaplana actuaba de acuerdo a su ideología, pero también a sus conocimientos en matería lingüística. No olvidemos que Zaplana no habla ni una palabra de valenciano ni de catalán, ni en público ni en la intimidad. Entre otros motivos, porque no es habitual que una persona hable dos modalidades de una misma lengua.

Convirtiendo de manera artificiosa pero oficial el catalán y el valenciano en lenguas diferentes se perseguía un objetivo muy claro: establecer una frontera cultural y lingüística entre el Reino y el Principado. Al fin y al cabo, cualquier gesto que sirva para establecer un abismo que impida ser contaminados por la pérfida y siempre nacionalista Cataluña, para algunos, siempre será válido; aunque ese gesto se sustente en una absoluta falacia.

Que a la variante dialectal que hablan en Valencia le llamen valenciano no tiene ninguna importancia, más allá de la riqueza cultural que suponen el conjunto de variedades lingüísticas de un mismo idioma. Del mismo modo, en Andorra, en Mallorca, en la Franja de Ponent, en el Alguer se habla un catalán característico. Incluso dentro de Cataluña, el catalán de un señor de Cadaqués y el de otro de Tortosa son muy pero que muy diferentes. Eso sí, tanto el uno como el otro hablan una misma lengua: el catalán.

Volviendo a Valencia, durante años y años, a aquellos enseñantes titulados en lengua catalana, se les ha impedido opositar porque no tenían acreditados sus conocimientos de valenciano. En el fondo, y salvando las distancias, la situación era muy parecida a la que vivieron aquellos pobres republicanos que, una vez Franco llegó al poder, se vieron obligados a repetir el servicio militar ya que su “mili republicana” no les convalidava a la “mili franquista”.

Evidentmente, ante tamaña barbaridad, el Tribunal Superior de Justicia valenciano se pronunció. Y no lo hizo una vez, sinó veinte. Pero los sucesivos gobiernos populares siguieron erre que erre y, convocatoria que sacaban, convocatoria que iba en contra de las sentencias judiciales.

Al final ha sido el Tribunal Constitucional el que se ha pronunciado dando la razón al sindicato de profesionales de la enseñanza STEPV, dejando de nuevo en evidencia unas ridículas obsesiones anticatalanas. Pero, esta vez, la cosa va más allá. De entrada, ya no hay recurso posible: los estudios de filología catalana acreditan conocimientos de valenciano.

Por otro lado, y aquí es donde más visiblemente gana el sentido común, si en el futuro se siguen incumpliendo las sentencias judiciales, la Conselleria d’Educació, podrá ser acusada de prevaricación. Ya era hora.

Per Jaume Pros/Sense embuts

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