El grupo de los ‘100’ economistas ha elaborado un documento en el que proponen ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral, frente a la ampliación de 15 a 20 años que se plantea actualmente en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso.

En una rueda de prensa, los impulsores del documento han apostado por avanzar hacia un sistema similar al modelo sueco a largo plazo a través de una serie de reformas inmediatas que pasan también por elevar gradualmente la edad de jubilación a los 67 años y ampliar a 40 años el tiempo necesario para recibir el 100% de la pensión.

Una jubilación flexible

La finalidad sería alcanzar una jubilación que no esté fijada por una edad determinada y que genere una pensión diferente en función de la edad a la que decida jubilarse cada trabajador.

“¿Por qué no se puede recibir la mitad de la pensión a los 60 años y seguir trabajando a tiempo parcial?”, ha señalado uno de los firmantes del documento y miembro del IESE, Javier Díaz Jiménez, tras explicar que en otros países como Suecia son los trabajadores los que deciden cuando se jubilan y cómo quieren percibir su pensión.

Los promotores del documento dicen que así se avanzaría hacia un sistema flexible, estable y sostenible y se acabaría con un modelo injusto que, a juicio de estos economistas, hay que reformar de manera urgente.

Subir el IVA al 49,5%

Así, han advertido de que muchas comunidades estarían ya en déficit si no existiera la caja única y han resaltado la importancia de dar “certidumbre y garantías” a los ciudadanos, tal y como ocurre en otros países.

Además, han alertado de que la tasa de dependencia se duplicará de aquí al año 2050, por lo que también lo hará el gasto en pensiones, algo que no podrá solucionarse subiendo impuestos o cotizaciones porque perjudicaría al empleo y al crecimiento, según el director ejecutivo de Fedea, Pablo Vázquez y el miembro de Fedea Sergi Jiménez.

De hecho, el grupo de economistas ha asegurado que para sostener el sistema a través del IVA, habría que subir el impuesto al 49,5% en 2050.

Una estafa

Según el miembro del IESE Javier Díaz Jiménez, uno de los firmantes del documento, el Pacto de Toledo es “la mayor estafa” para el contribuyente español por dejar en manos de los políticos la reforma de las pensiones, y ha añadido que la propuesta que se está negociando dentro de este Pacto sólo mejora la sostenibilidad del sistema a medio plazo.


Lacayos del capital: Los partidos coinciden en alargar el periodo de cálculo de la pensión

Con las pensiones pasa como con la contrarreforma laboral: la abrumadora mayoría del parlamento la vio bien –o en todo caso insuficiente–. Como se vio el 29-S los trabajadores, en cambio, se oponen.

La reforma de las pensiones divide a los grupos políticos. El Gobierno espera ansioso las conclusiones del Pacto de Toledo, iniciativa parlamentaria que promueve los acuerdos de pensiones, para reformarlas, pero el Congreso se lo va a poner difícil. A menos de tres meses para que venza el plazo que el Ejecutivo se ha dado para aprobar su propuesta, la única idea que casi todos aplauden consiste en ampliar el periodo de cálculo de la pensión. Se trata de una medida que acerca más la cuantía de la pensión a lo realmente aportado, lo que supone rebajar la prestación a la mayor parte de beneficiarios del sistema.

Trabajo cree que la falta de consenso “deterioraría la economía”

El PP asegura que nunca apoyará el paso a 67 años en la edad de jubilación

La idea la verbalizó la diputada socialista Isabel López i Chamosa antes de la reunión que mantuvo con el resto de grupos parlamentarios para empezar a articular una propuesta sobre pensiones. “Ese es uno de los consensos más generales que hay porque se haría muy poco a poco y no se perjudicaría excesivamente a nadie”, aseguró. López i Chamosa aludía concretamente al planteamiento del Gobierno de elevar ese periodo, ahora fijado en los 15 últimos años cotizados, hasta 20.

Ninguno de los grupos concreta su apoyo a esta medida, aunque implícitamente la mayoría considera apropiado ir adecuando cada vez más la pensión a lo cotizado, como recomienda el Pacto de Toledo. “Además, contar solo 15 años genera muchos problemas a la gente expulsada del mercado laboral al final de su vida activa”, reflexionó Carles Campuzano, de CiU, que abogó por “dar una respuesta” a ese problema. El único diputado que se desmarca claramente de ese planteamiento es Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida.

Sin querer dar cifras, la Seguridad Social sostiene que ampliar el cálculo de la pensión a los últimos 20 años cotizados beneficia a los expulsados prematuramente del mercado y no afecta a quienes ya cotizan por el máximo o por el mínimo, pero sí reduce la pensión del resto de trabajadores. El grupo socialista cifra en el 3,6% la rebaja media de la pensión que se produciría si se aplicara esta medida.

A partir de ahí, las discrepancias se acentúan. La congelación de las pensiones decidida por el Gobierno para 2011 ha soliviantado los ánimos del Pacto de Toledo y el acuerdo parece más lejano que nunca. El representante del Partido Popular en ese órgano, Tomás Burgos, pidió ayer la marcha atrás de esa decisión como “condición sine qua non” para pactar cualquier reforma de pensiones. El Ejecutivo ha dado a entender que acometerá su proyecto con o sin respaldo parlamentario, pero también busca neutralizar el mal sabor de boca que ha dejado una reforma laboral impuesta, especialmente a los sindicatos, que tampoco ven con buenos ojos los postulados sobre pensiones.

Así que el Ministerio de Trabajo cree, pero sobre todo espera, que finalmente salga un acuerdo del Pacto de Toledo. En caso contrario, se incurriría en una “gravísima irresponsabilidad que deterioraría la economía de forma incomprensible”. “Sería como tirar piedras contra nuestro propio tejado”, advirtió ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. El número dos de Trabajo defendió el Pacto de Toledo como lo mejor que le ha pasado al sistema público de pensiones de España en los últimos 15 años.

Granado defendió la reforma cuanto antes, y que sea lo menos agresiva posible: “Cuanto antes empecemos, más suave será. Debemos intentar repartirla en el mayor número de años, sabiendo que el horizonte de los problemas está en 2030”.

El principal escollo reside en la ampliación de la edad legal de jubilación hasta 67 años que pretende el Gobierno. “Nunca vamos a apoyar una medida que tiene como objetivo que los pensionistas pierdan entre un 15% y un 20% en su prestación”, sentenció el diputado del PP. Más abierto se mostró Carles Campuzano, de CiU, aunque lo más probable es que el grupo socialista no consiga una mayoría suficiente para sacar adelante este punto en el Pacto de Toledo.

Los portavoces parlamentarios volverán a negociar hoy, con pocas probabilidades de lograr un documento cerrado para principios de noviembre, como preveía el Gobierno.

Los puntos en discusión

Cuantía de la pensión. Los últimos 15 años de vida laboral determinan la cuantía de la pensión. Lo cotizado en los años anteriores no importa para calcular los ingresos del jubilado. El Ejecutivo quiere ampliar este periodo a 20 años (en un documento enviado a Bruselas habló de 25, aunque finalmente lo retiró). De salir adelante la propuesta, será la tercera vez en 25 años que se amplíe este periodo. En 1985 se elevó de dos años a ocho. Y en 1997 se aumentó hasta 15 de forma gradual, en un proceso que duró hasta 2003.

Fórmula de cálculo. Para calcular la prestación, se toman los últimos 15 años en dos partes. Por un lado, las bases de cotización de los últimos 24 meses (la máxima es de 3.198 euros al mes) se consideran íntegras. El resto se actualizan con el IPC de ese periodo. La suma de las bases de los 15 años (180 meses) se divide entre 210 (el resultado de sumarle a esos 180 meses otros dos cada año por las pagas extra). Ese cociente integra la base reguladora de la pensión.

Años cotizados. La paga final varía según los años cotizados. Así, un trabajador con 35 años acreditados percibe el 100% de esa base reguladora. El porcentaje va bajando hasta un 50% si se han cotizado 15 años, el mínimo exigible para acceder al sistema. El Ejecutivo no descarta aumentar el número de años necesarios para acceder al 100% de la pensión. Lo que no parece estar en discusión es el número mínimo de años para cobrar la prestación contributiva.

Edad de retiro. El punto más polémico sobre la mesa del Pacto de Toledo es el retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años.

El ministro de Trabajo no ha descartado negociar este punto a cambio de aumentar el número de años para acceder al 100% de la pensión.

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